Política de canal de denuncias de irregularidades

POLÍTICA DE CANAL DE DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES

ALGETRANSIT, S.L., cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, fundamenta su POLÍTICA DE CANAL DE DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES, proporcionando un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos del canal de denuncias de irregularidades, en los siguientes principios de actuación:

• Establecimiento de un Canal de Denuncias de Irregularidades en nuestro ámbito de servicio, tanto dentro de nuestra organización, como con las partes interesadas definidas en el Manual de Gestión Integrada.

• Promoción de la mejora continua del sistema implantado mediante su actualización y revisión periódica.

• Se prohíbe expresamente cualquier conducta perjudicial en la organización.

• Confianza, imparcialidad y protección de la confidencialidad durante todo el proceso de denuncia de irregularidades; garantizando dicha confidencialidad en la denuncia de irregularidades durante todo el proceso de denuncia.

• Se establece una comunicación bidireccional y colaboración continua, tanto dentro de la organización como con las partes interesadas.

• La organización proporcionará una guía sobre cómo presentar la información y dónde buscar apoyo o asesoramiento sobre el proceso de denuncia de irregularidades;

• Se garantiza que el responsable del canal de denuncias de irregularidades desempeñará sus las funciones de investigación y protección de manera independiente, la confidencialidad entre los involucrados, el denunciante, el denunciante y los miembros del equipo investigador, así como la corrección en todos los aspectos del proceso relativo al canal de denuncias.

• Respeto absoluto a la presunción de inocencia y al honor de las personas afectadas.

• Cualquier incumplimiento en nuestra política de canal de denuncias, tales como denuncias falsas deliberadamente o conductas perjudiciales para la organización, supondrá una acción disciplinaria valorada en función de la clasificación de la infracción de acuerdo con el convenio sectorial en el caso de los trabajadores de la organización,(APEMAR), de la provincia de Cádiz. En el caso de otras partes interesadas podría suponer denuncia ante las autoridades competentes.

• Las autoridades competentes establecen canales de denuncias alternativos, tales como la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF).

• El sistema de gestión de denuncia de irregularidades comprende la recepción de la denuncia, para su posterior evaluación y en el caso que se estime, se procederá al trámite de la denuncia para finalmente emitir una conclusión y resolución de la denuncia.

• Queda totalmente excluida la posibilidad de establecer restricciones al derecho de denunciar, en base a obligaciones contractuales, tales como los acuerdos de divulgación o cláusulas como las relativas a la confidencialidad comercial y la confidencialidad del empleado, entre otros.

• Nuestra política de protección de datos cumple con los requisitos establecidos en la Ley 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos personales.

Para que esta Política sea real y efectiva se encuentra a disposición de los clientes, trabajadores y resto de partes interesadas, integrada en la gestión general de la empresa.